martes, 27 de enero de 2015

Depuración de maestros en el franquismo





Es normal, es lógico y lo más natural que las personas mayores en España, los más adultos y la tercera edad, tengan un determinado pensamiento común. Aparte, claro está, de otras circunstancias relevantes, esto es debido en gran medida a la educación recibida.
Es evidente que la educación de un país, su cultura, sus pensamientos son muy importantes, y si los controlas, si haces que piensen aquello que tú quieres,y que no piensen lo que no quieres, tendrás el país y los ciudadanos que deseas. Así pues, un país en el que está implantado el nacionalcatolicismo dará lugar a una población que otorgue muchísima importancia a la patria, a la iglesia y a determinados valores. Se dará un pensamiento único muy conveniente.
Dejando a un lado la censura y demás, esto se consigue desde la base, desde las escuelas. Unos niños educados desde pequeños en las ideas afines al poder gobernante darán lugar a personas controladas.
Por tanto, los maestros cobraron una importancia vital para la nueva España franquista.

La depuración de maestros por todo el territorio se enmarca dentro de la represión laboral franquista. El gobierno de Franco era consciente de la importancia de la educación y claro, esta depuración fue prioritaria y muy muy necesaria.

 Las primeras depuraciones se produjeron en 1936, eliminando a todos aquellos profesores que no se identificasen con la sublevación. 

El proceso se llevo a cabo a través de unas comisiones depuradoras.
La Junta Técnica del Estado, su Comisión de Cultura y Enseñanza reguló detalladamente la depuración del Magisterio. Se crearon comisiones depuradoras provinciales y se fijaron sanciones en función de la gravedad en la que incurrían los maestros.

Las comisiones depuradoras seguían el siguiente procedimiento:

  1. Investigaban la ideología, las conductas, los pensamientos y las creencias del individuo en cuestión. 
  2. Se emitían informes donde se plasmaban los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas a los maestros. Las Comisiones debían pedir al menos cuatro informes diferentes: al Alcalde, Cura o Párroco,  que se consideraba el informe más importante, Jefe de la Guardia Civil y de un padre de familia bien considerado, que vivieran donde estuviera ubicada la escuela y el individuo objeto de investigación.
    Estos informes carecían en su mayoría de objetividad y de cualquier tipo de rigor, basándose en rumores, cuestiones personales o básicamente en el desprecio hacia los maestros republicanos. Qué raro!

  3. Si se daban pruebas contra el maestro se realizaba el llamado pliego de cargo donde se recogían todas las acusaciones. 
  4. El maestro acusado debía enviar en un plazo de diez días el denominado escrito de descargo, en el que debería aportar todo tipo de documentación que le exculpara. Si bien estos escritos casi nunca lograban su fin. Qué raro!
  5. Se decidía la sanción final. En el mejor de los casos el maestro investigado podía seguir ejerciendo. Sin embargo entre estas sanciones estaban el cese definitivo de su trabajo, los maestros no volvían a ejercer, el traslado forzoso, se alejaba al docente de su lugar de trabajo, la suspensión temporal de empleo y sueldo o la jubilación anticipada. 
  
El porcentaje de sancionados fue del 33% en Asturias, 30% en Vizcaya, 29% en Barcelona, 27% en Madrid… la media en las 17 provincias estudiadas se situó en el 26%.  Una parte importante de maestros dejaron definitivamente la enseñanza; en Guadalajara  y Toledo el 10%, en Gerona  y Asturias el 17%, en Guipúzcoa  y Madrid (11%)…

 Durante la guerra fueron fusilados unos 500 maestros. Entre deportados, exiliados y apartados del magisterio hablamos de cerca de 25.000 represaliados en España.

«Ha sido preciso realizar una tarea dolorosa, pero necesaria de aniquilamiento y depuración. Como en un organismo vivo tiranizado por el mal, España tuvo que diseccionar zonas excepcionales de su masa vital. Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación. Pero un interés religioso y, un soberano interés nacional lo exigían así». Quien dijo esto fue  José Ibáñez Martín  el entonces ministro de Educación, en 1943, con lo que resumía la tarea depuradora del régimen franquista sobre la educación en España.

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